Bruselas estima que el déficit español, en 2024, se ajustará al 3%. Luego en 2025, descenderá al 2,6%, pero se incrementará al 2,7% en 2026 si se procede a la retirada de los impuestos a las energéticas y a la banca. Todo ello acompañado con un pronóstico de incremento del PIB al 3% este año y del 2% en los próximos dos ejercicios.
Este incremento del déficit en 2026, se producirá por que finalizan los gravámenes sobre los bancos y empresas energéticas. La necesidad de una reforma fiscal inminente, está supeditada al quinto pago del plan de recuperación.
La reforma fiscal es un componente crucial del Plan de Recuperación de España y está vinculada al desembolso del quinto tramo de los fondos europeos Next Generation EU, valorado en más de 25.000 millones de euros. El Gobierno español ha presentado esta solicitud, que incluye hitos de fases posteriores, para resolver el retraso acumulado en la implementación de reformas clave.
No obstante, la aprobación de la reforma fiscal ha enfrentado obstáculos en el Congreso de los Diputados debido a la falta de consenso entre los socios parlamentarios del Ejecutivo. Esta situación ha generado preocupación sobre la posibilidad de retrasos en la recepción de los fondos europeos, ya que el cumplimiento de las reformas comprometidas es esencial para el desembolso de dichos recursos.
El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo con sus socios políticos para avanzar en la reforma fiscal. Sin embargo, estos partidos han expresado que su apoyo está condicionado a la obtención de contraprestaciones específicas a cambio de su voto, lo que ha complicado las negociaciones y ha generado tensiones en la coalición gubernamental.
En relación con los gastos derivados de la gestión de desastres naturales, como la reciente DANA que afectó a diversas regiones de España, la Comisión Europea ha otorgado margen fiscal al país para afrontar estos gastos excepcionales. Estos desembolsos no se contabilizarán dentro del límite de déficit del 3%, lo que permite al Gobierno destinar recursos adicionales para la reconstrucción y asistencia sin comprometer los objetivos fiscales establecidos.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el impacto negativo a corto plazo en las cuentas públicas por la no continuidad de empresas en su actividad, incremento del desempleo, gastos sociales y costes de reconstrucción.
España debe cerrar el déficit en 2024 en un 3% para evitar el expediente sancionador de Europa, ya que el pasado año finalizó con un 3,6% y Bruselas lo consideró como "algo excepcional", dando a la oportunidad al Gobierno de corregir dicho dato este año.
La previsión del ejecutivo comunitario respecto a la deuda es que España cierre el año en niveles 105,50% sobre el PIB, para que caiga en 2025 al 104,80% sobre el PIB.
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